Artículo 1. Normativa aplicable.  
 
El impuesto sobre bienes inmuebles se regirá:  
 
1. Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en la Ley 39/1.988 de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales; y por las demás disposiciones legales y reglamentarias que complementen y desarrollen dicha ley.  
 
2. Por la presente Ordenanza Fiscal.  
 
Artículo 2. Hecho imponible.  
 
1. Constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad de los siguientes derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características especiales:  
 
a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos a que se hallen afectos.  
 
b) De un derecho real de superficie.  
 
c) De un derecho real de usufructo.  
 
d) Del derecho de propiedad.  
 
2. La realización del hecho imponible que corresponda, de los definidos en el Artículo 2° por el orden establecido, determinará la no sujeción del inmueble a las restantes modalidades en el mismo previstas.  
 
3. A los efectos de este impuesto tendrán la consideración de bienes inmuebles rústicos, de bienes inmuebles urbanos y de bienes inmuebles de características especiales los definidos como tales en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. El carácter urbano o rústico del inmueble dependerá de la naturaleza del suelo.  
 
No están sujetos al impuesto:  
 
a) Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del dominio público marítimo-terrestre e hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito.  
 
b)Los siguientes bienes inmuebles propiedad de este Ayuntamiento:  
 
- Los de dominio público afectos a uso público.  
 
- Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado directamente por el Ayuntamiento y los bienes patrimoniales, excepto cuando se trate de inmuebles cedidos a terceros mediante contraprestación.  
 
Artículo 3. Sujetos pasivos.  
 
1. Son sujetos pasivos, a titulo de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley 230/1963), de 28 de diciembre, General Tributaria que ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso, sea constitutivo del hecho imponible de este impuesto, que sean:  
 
a) Los titulares de una concesión administrativa sobre bienes inmuebles sujetos al IBI, o sobre los servicios públicos a los cuales estén afectos.  
 
b) Los titulares de los derechos reales de superficie, sobre bienes inmuebles sujetos al IBI.  
 
c) Los titulares de los derechos reales de usufructo, sobre bienes inmuebles sujetos al IBI.  
 
d) Los propietarios de los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características especiales, sujetos al IBI.  
 
2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación sin perjuicio de la facultad del sujeto pasivo de repercutir la carga tributaria soportada, conforme a las normas de derecho común.  
 
En el supuesto de concurrencia de varios concesionarios sobre un mismo inmueble de características especiales será sustituto del contribuyente el que deba satisfacer el mayor canon.  
 
3. El Ayuntamiento repercutirá la totalidad de la cuota líquida del impuesto en quienes, no reuniendo la condición de sujetos pasivos del mismo, hagan uso mediante contraprestación de sus bienes demaniales o patrimoniales.  
 
Asimismo, el sustituto del contribuyente podrá repercutir sobre los demás concesionarios la parte de la cuota líquida que le corresponda en proporción a los cánones que deban satisfacer cada uno de ellos.  
 
Artículo 4. Afección de los bienes al pago del impuesto y supuestos especiales de responsabilidad.  
 
En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos que constituyen el hecho imponible de este impuesto, los bienes inmuebles objeto de dichos derechos quedarán afectos al pago de la totalidad de la cuota tributaria en los términos previstos en el artículo 41 de la Ley 230/1963, de 28 de Diciembre, General Tributaria. A estos efectos, los notarios solicitarán información v advertirán a los comparecientes sobre las deudas pendientes por el impuesto sobre Bienes Inmuebles asociadas al inmueble que se transmite.  
 
Responden solidariamente de la cuota de este Impuesto, y en proporción a sus respectivas participaciones, los copartícipes o cotitulares de las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, si figuran inscritos como tales en el Catastro Inmobiliario. De no figurar inscritos, la responsabilidad se exigirá por partes iguales en todo caso.  
 
Artículo 5. Exenciones.  
 
1. Exenciones directas de aplicación de oficio:  
 
a) Los que siendo propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales que estén directamente afectos a la seguridad ciudadana y a los servicios educativos y penitenciarios, así como los del Estado afectos a la Defensa Nacional.  
 
b) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común.  
 
c) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos económicos, de 3 de enero de 1979, y los de las Asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas, en los términos establecidos en los respectivos acuerdos de cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto en el Artículo 16 de la Constitución.  
 
d) Los de la Cruz Roja Española.  
 
e) Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de los Convenios Internacionales en vigor y, a condición de reciprocidad, los de los Gobiernos extranjeros destinados a su representación diplomática, consular, o a sus organismos oficiales.  
 
f) La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento reglamentariamente determinadas, cuyo principal aprovechamiento sea la madera o el corcho, siempre que la densidad del arbolado sea la propia o normal de la especie de que se trate.  
 
g) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados en los mismos terrenos, que estén dedicados a estaciones, almacenes o a cualquier otro servicio indispensable para la explotación de dichas líneas. No están exentos, por consiguiente, casas destinadas a viviendas de los empleados, las oficinas de dirección ni las instalaciones fabriles.  
 
2. Exenciones directas de carácter rogado:  
 
a) Los inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos, total o parcialmente, al régimen de conciertos educativos, en cuanto a la superficie afectada a la enseñanza concertada. (Artículo 7 Ley 22/1993).  
 
b) Los declarados expresa e individualmente monumento o jardín histórico de interés cultural, mediante Real Decreto en la forma establecida por el Artículo 9 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, e inscrito en el Registro General a que se refiere el Artículo 12 como integrantes del Patrimonio Histórico Artístico Español, así como los comprendidos en las disposiciones adicionales primera, segunda y quinta de dicha Ley.  
 
Siempre que cumplan los siguientes requisitos:  
 
1- En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en el instrumento de planeamiento urbanístico a que se refiere el Artículo 20 de la Ley 16/1985, de 25 de junio.  
 
2- En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o superior a 50 años y estén incluidos en el catálogo previsto en el Artículo 86 del Registro de Planeamiento Urbanístico como objeto de protección integral en los términos previstos en el Artículo 21 de la Ley 16/1985, de 25 de junio.  
 
c) La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones forestales o regeneración de masas arboladas sujetas a proyectos de ordenación o planes técnicos aprobados por la Administración forestal.  
 
Esta exención tendrá una duración de quince años, contando a partir del periodo impositivo siguiente a aquel en que se realice su solicitud.  
 
3. Exenciones potestativas:  
 
a) Los de naturaleza urbana, que su cuota liquida sea inferior a 2,70 €.  
 
b) Los de naturaleza rústica, en el caso de que para cada sujeto pasivo, la cuota líquida correspondiente a la totalidad de los bienes rústicos poseídos en el término municipal sea inferior a 7,21 €.  
 
4. Estarán exentos los bienes de que sean titulares los centros sanitarios de titularidad pública, siempre que estén afectos al cumplimiento de los fines específicos de los referidos centros.  
 
5. Las exenciones de carácter rogado, sean directas o potestativas, deben ser solicitadas por el sujeto pasivo del impuesto.  
 
Artículo 6. Base imponible.  
 
1. La base imponible esta constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles, que se determinará, notificará y será susceptible de impugnación, conforme a las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.  
 
2. Estos valores podrán ser objeto de revisión, modificación o actualización en los casos y de la manera que la Ley prevé.  
 
Artículo 7. Reducción.  
 
1. La reducción en la base imponible será aplicable a aquellos bienes inmuebles urbanos y rústicos que se encuentren en algunos de estas dos situaciones:  
 
a) Inmueble cuyo valor catastral se incremente, como consecuencia de procedimientos de valoración colectiva de carácter general en virtud de:  
 
1.La aplicación de la nueva Ponencia total de valor aprobada con posterioridad al 1 de enero de 1997.  
 
2.La aplicación de sucesivas Ponencias totales de valores que se aprueben una vez trascurrido el periodo de reducción establecido en el Artículo 69.1; Ley 39/1988.  
 
b) Cuando se apruebe una Ponencia de valores que haya dado lugar a la aplicación de reducción prevista en el apartado 1). Anterior y cuyo valor catastral se altere, antes de finalizar el plazo de reducción, por:  
 
1.Procedimiento de valoración colectiva de carácter general.  
 
2.Procedimiento de valoración colectiva de carácter parcial.  
 
3.Procedimiento simplificado de valoración colectiva.  
 
4.Procedimiento de inscripción mediante declaraciones, comunicaciones, solicitudes, subsanaciones de discrepancia e inspección catastral.  
 
2. La reducción será aplicable de oficio, con las siguientes normas:  
 
2.1.Se aplicará durante un periodo de nueve años a contar desde la entrada en vigor de los nuevos valores catastrales, sin perjuicio a lo dispuesto en el Artículo 71 de la Ley 39/1988 de 28 de Diciembre.  
 
2.2.La cuantía será el resultado de aplicar un coeficiente reductor, único para todos los inmuebles afectados del municipio, a un componente individual de la reducción, calculado para cada inmueble.  
 
2.3.El coeficiente reductor tendrá el valor de 0.9 el primer año de su aplicación e irá disminuyendo en 0.1 anualmente hasta su desaparición.  
 
2.4.El componente individual será, en cada año, la diferencia positiva entre el nuevo valor catastral que corresponda al inmueble en el primer ejercicio de su vigencia y el valor base. Dicha diferencia se dividirá por el último coeficiente reductor aplicado cuando concurran los supuestos del Artículo 68, apartado 1,b 2° y b)3° de la Ley 39, 1988, de 28 de diciembre.  
 
2.5.En los casos contemplados en el Articulo 68, apartado 1. b) 1° se iniciará el cómputo de un nuevo periodo de reducción y se extinguirá el derecho a la aplicación del resto de la reducción que viniera aplicando.  
 
2.6.En los casos contemplados en el Artículo 68, 1. b), 2°, 3° y 4° no se iniciarán el cómputo de un nuevo período de reducción y el coeficiente de reducción aplicado a los inmuebles afectados tomará el valor correspondiente al resto de los inmuebles del municipio.  
 
3. La reducción no será aplicable al incremento de la base imponible que resulte de la actualización de sus valores catastrales por aplicación de los coeficientes establecidos en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.  
 
En ningún caso será aplicable esta reducción a los bienes inmuebles clasificados como de características especiales.  
 
Artículo 8. Base liquidable.  
 
1. La base liquidable será el resultado de practicar en la base imponible las reducciones que legalmente se establezca.  
 
2. La base liquidable se notificará conjuntamente con la base imponible en los procedimientos de valoración colectiva. Dicha notificación incluirá la motivación de la reducción aplicada mediante la indicación del valor base del inmueble así cono el importe de la reducción y de la base liquidable del primer año del valor catastral.  
 
3. El valor base será la base liquidable del ejercicio inmediato anterior a la entrada en vigor del nuevo valor catastral, salvo las circunstancias señaladas en el Artículo 70 de la Ley 39/1988 R.H.L.  
 
4. En los procedimientos de valoración colectiva la determinación de la base liquidable será competencia de la Dirección General del Catastro y recurrible ante los Tribunales Económico-Administrativos del Estado.  
 
Artículo 9. Tipo de gravamen y cuota.  
 
1. El tipo de gravamen será:  
 
1.1. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana 0’45 %.  
 
1.2. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica 0’60 %.  
 
1.3. Bienes Inmuebles de características especiales 0,9 %.  
 
2. La cuota íntegra de este Impuesto es el resultado de aplicar a la Base Liquidable el tipo de gravamen.  
 
3. La cuota líquida se obtiene minorando la cuota íntegra con el importe de las bonificaciones previstas lealmente.  
 
Artículo 10. Bonificaciones.  
 
1. Se concederá una bonificación de 50 por 100 en la cuota íntegra del impuesto, siempre que así se solicite por los interesados antes del inicio de las obras, los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su inmovilizado. En defecto de acuerdo municipal, se aplicará a los referidos inmuebles la bonificación máxima prevista en este artículo.  
 
El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período impositivo siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta el posterior a la terminación de las mismas, siempre que durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder de tres periodos impositivos.  
 
Para disputar de la mencionada bonificación, los interesados deberán cumplir los siguientes requisitos:  
 
a) Acreditación de la fecha de inicio de las obras de urbanización o construcción de que se trate, la cual se hará mediante certificado del Técnico-Director competente de las mismas, visado por el Colegio Profesional.  
 
b) Acreditación de que la empresa se dedica a la actividad de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria, la cual se hará mediante la presentación de los estatutos de la sociedad.  
 
c) Acreditación de que el inmueble objeto de la bonificación es de su propiedad y no forma parte del inmovilizado, que se hará mediante copia de la escritura pública o alta catastral y certificación del Administrador de la Sociedad, o fotocopia del ultimo balance presentado ante la AEAT, a efectos del Impuesto sobre Sociedades.  
 
d) La solicitud de la bonificación se puede formular desde que se puede acreditar el inicio de obras.  
 
e) Fotocopia del alta o ultimo recibo del Impuesto de Actividades Económicas.  
 
La acreditación de los requisitos anteriores podrá realizarse también mediante cualquier documentación admitida en derecho.  
 
Si las obras de nueva construcción o de rehabilitación integral afectan a diversos solares, en la solicitud se detallarán las referencias catastrales de los diferentes solares.  
 
2. Las viviendas de protección oficial y las equiparables a estas según las normas de la Comunidad Autónoma, disfrutaran de una bonificación del 50 por ciento durante el plazo de tres años, contados desde el año siguiente a la fecha otorgamiento de la calificación definitiva.  
 
Dicha bonificación se concederá a petición del interesado, la cual podrá efectuarse en cualquier momento anterior a la terminación de los tres periodos impositivos de duración de la misma y surtirá efectos, en su caso, desde el periodo impositivo siguiente a aquel en que se solicite.  
 
Para tener derecho a esta bonificación, los interesados deberán aportar la siguiente documentación:  
 
- Escrito de solicitud de la bonificación.  
 
- Fotocopia de la alteración catastral (MD 901).  
 
- Fotocopia del certificado de calificación de V. P. O.  
 
- Fotocopia de la escritura o nota simple registral del inmueble.  
 
Si en la escritura pública no constara la referencia catastral:  
 
- Fotocopia del recibo IBI año anterior.  
 
2.1. Las viviendas de protección oficial y las equiparables a éstas según las normas de la Comunidad Autónoma, trascurrido el plazo de disfrute de tres años de la bonificación prevista en el apartado anterior, contados desde el otorgamiento de la calificación definitiva, podrán disfrutar, durante los dos años siguientes, de una bonificación del 40 por 100 de la cuota íntegra del Impuesto.  
 
Para tener derecho a la bonificación se deberá acreditar por los interesados:  
 
- Que la vivienda para la que se solicita el beneficio fiscal constituye el domicilio habitual del sujeto pasivo del Impuesto.  
 
- Que los ingresos anuales de la unidad familiar del sujeto pasivo son inferiores a 12.000 €.  
 
Para disfrutar de esta bonificación los interesados deberán presentar solicitud en cualquier momento anterior a la terminación de los dos períodos impositivos de duración de la misma y surtirá efectos, en su caso, desde el período impositivo siguiente a aquel en que se solicite.  
 
3. Tendrán derecho a una bonificación del 95% de la cuota íntegra y, en su caso, del recargo del Impuesto a que se refiere el artículo 134 de la presente Ley, los bienes rústicos de las Cooperativas Agrarias y de Explotación comunitaria de la tierra, en los términos establecidos en la Ley 20/1990, de 19 de Diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.  
 
4. Tendrá derecho a bonificaciones de la cuota del Impuesto de Bienes Inmuebles, los sujetos pasivos que ostenten la condición de familia numerosa, en las siguientes cuantías:  
 
a) Familia numerosa de primera categoría: 40 %.  
 
b) Familia numerosa de segunda categoría: 60 %.  
 
c) Familia numerosa de tercera categoría: 80 %.  
 
- La bonificación será otorgada por plazo de un año.  
 
- Su prorroga deberá ser solicitada por el contribuyente antes de la finalización de la misma si se tiene derecho para los ejercicios siguientes.  
 
- Esta finalizará de oficio, en el periodo impositivo siguiente al que se deje de ostentar la condición de familia numerosa.  
 
Para tener derecho a esta bonificación, los sujetos pasivos deberán cumplir las siguientes condiciones:  
 
- La vivienda tiene que ser el domicilio habitual del sujeto pasivo.  
 
- Sujeto pasivo cuya unidad familiar obtenga ingresos anuales inferiores a 12.000 €.  
 
El solicitante deberá aportar:  
 
- Solicitud de la bonificación identificando el inmueble.  
 
- Fotocopia del documento que indica la propiedad del inmueble.  
 
- Certificado de familia numerosa.  
 
- Certificado Padrón Municipal.  
 
- Fotocopia hoja declaración IRPF.  
 
5. Las bonificaciones deben ser solicitadas por el sujeto pasivo del impuesto.  
 
6. Con carácter general, el efecto de la concesión de bonificación empieza a partir del ejercicio siguiente a la fecha de la solicitud y no puede tener carácter retroactivo. No obstante, cuando el beneficio fiscal se solicita antes de que la liquidación sea firme, se concederá si en la fecha de devengo del tributo concurren los requisitos exigidos para su disfrute.  
 
7. Los Bienes Inmuebles que tengan derecho a beneficio fiscal relacionado en los apartados anteriores:  
 
- Sólo tendrán derecho al beneficio que se especifique, si no se expresa su compatibilidad.  
 
- Le serán sumados los distintos beneficios a los que tengan derecho en caso compatibilidad.  
 
Artículo 11. Período impositivo y devengo del impuesto.  
 
1. El periodo impositivo es el año natural.  
 
2. El impuesto se devenga el primer día del año.  
 
3. Las variaciones de orden físico, económico o jurídico, incluyendo modificaciones de titularidad, tendrán efectividad en el devengo de este impuesto a partir del año siguiente a aquel en que se producen los efectos catastrales.  
 
Artículo 12. Obligaciones formales de los sujetos activos y pasivos en relación con el impuesto.  
 
1. Según previene la Ley 39/1.988 de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, los sujetos pasivos están obligados a presentar las declaraciones y documentación conducentes a su inscripción en el Catastro Inmobiliario conforme a lo establecido en sus norma reguladoras.  
 
2. Sin perjuicio de sus obligaciones tributarias, no obstante, el Ayuntamiento en ejercicio de las competencias que le atribuye la ley mencionada y sin menoscabo de las facultades de la Dirección General del Catastro, se entenderán realizadas las declaraciones con efectos catastrales del párrafo anterior, cuando as circunstancias o alteraciones a que se refieran, consten en la correspondiente licencia o autorización municipal.  
 
El procedimiento de comunicación a la Administración Catastral, se efectuará por el propio ayuntamiento directamente, o por conducto del organismo en quién haya delegado sus competencias al efecto.  
 
Artículo 13. Normas que rigen el pago e ingreso del impuesto.  
 
1. El periodo de cobro para los valores recibo notificados colectivamente se determinara cada año anunciara públicamente en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.  
 
Las liquidaciones de ingreso directo deben ser satisfechas en los periodos fijados por el Reglamento General de Recaudación, que son:  
 
a) Para las notificadas dentro de la primera quincena del mes, hasta el día 5 del mes natural siguiente.  
 
b) Para las notificadas dentro de la segunda quincena del mes, hasta el día 20 del mes natural siguiente.  
 
2. Transcurridos los periodos de pago voluntario sin que la deuda se haya satisfecho, se iniciara el periodo ejecutivo, lo que comporta el devengo del recargo del 20 por ciento del importe de la deuda no ingresada, así como el de los intereses de demora correspondientes.  
 
El recargo será del 10 por ciento cuando la deuda se ingrese antes de que haya sido notificada al deudor la providencia de apremio.  
 
Artículo 14. Normas de competencia y gestión del impuesto.  
 
1. La competencia para la gestión y liquidación del impuesto será ejercida directamente por los órganos y por los procedimientos establecidos en la Ley, sin perjuicio de los convenios u otras fórmulas de colaboración que se celebren con cualquiera de las Administraciones públicas en los términos previstos en la Ley 71.985 .985 de 2 de Abril, con aplicación de las formas supletorias de lo dispuesto en el Título 1 de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre. En los supuestos de delegación o convenios de colaboración expresados, las atribuciones de los órganos municipales, se ejercerán por la Administración convenida.  
 
2. Para el procedimiento de gestión y recaudación, no señalados en esta Ordenanza, deberá aplicarse lo que dispone la legislación vigente.  
 
Artículo 15. Normas de Impugnación de los Actos dictados en vía de gestión del impuesto.  
 
1. Los actos dictados por el Catastro en cumplimiento de sus funciones, podrán ser recurridos en vía económico-administrativa sin que la interposición de la reclamación suspenda su efectividad, salvo que excepcionalmente se acuerde la suspensión por el Tribunal Económico-Administrativo competente, cuando así lo solicite el interesado y justifique que su ejecución pudiera causar perjuicio de imposible o difícil reparación.  
 
2. Contra los actos de gestión tributaria, competencia del Ayuntamiento los interesados puede formular recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación expresa o al de la finalización del período de exposición pública de los padrones correspondientes.  
 
3. Contra los actos de determinación de la base liquidable en los supuestos que corresponda tal función al Ayuntamiento, se puede interponer recurso de reposición previo al económico-administrativo.  
 
4. La interposición de los recursos de reposición ante el Ayuntamiento no suspende la acción administrativa para el cobro, a menos que dentro del plazo previsto para interponer el recurso, c interesado solicite la suspensión de la ejecución del acto impugnado y acompañe garantía por el total de la deuda tributaria.  
 
No obstante, en casos excepcionales, la Alcaldía puede acordar la suspensión del procedimiento, si prestación de garantía, cuando el recurrente Justifique la imposibilidad de prestar alguna, o bien demuestre fehacientemente la existencia de errores materiales en la liquidación que se impugna.  
 
5. Contra la denegación del recurso de reposición puede interponerse contencioso-administrativo en lo plazos siguientes:  
 
a) Si la resolución ha sido expresa, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al d la notificación de acuerdo resolutorio del recurso de reposición.  
 
b) Si no hubiera resolución expresa, en el plazo de seis meses contando desde el día siguiente aquel en el que hay de entenderse desestimado el recurso de reposición.  
 
Artículo 16. Fecha de aprobación y vigencia.  
 
Esta Ordenanza aprobada por el Pleno en sesión celebrada el 13 de febrero de 2003 empezará a regir en el momento de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y continuará vigente mientras no se acuerde la modificación o derogación. En caso de modificación parcial, los artículos no modificados continuarán vigentes.  
 
* Publicada la Ordenanza en el Boletín Oficial de la Región de Murcia nº 93 de 24 de abril de 2003.  
 
* Modificada por acuerdo de Pleno de 26 de septiembre de 2007 (B.O.R.M. nº 297 de 27 de diciembre de 2007).